La magistrada del Segundo Distrito Sur de Manhattan reservó el 23 y 24 de marzo para una audiencia probatoria, lo cual puede indicar que por esas fechas tomará una definición en cuanto a los reclamos de Burford Capital, que exige acceso a mensajes y correos personales de funcionarios y exfuncionarios argentinos
La jueza Loretta Preska aprobó un cronograma de presentaciones por desacato y sanciones para la República Argentina, en relación con un pedido de los demandantes del juicio por la reestatización de YPF, quienes presionan para que se ejecute la sentencia de USD 16.100 millones más intereses contra el Estado argentino.
La magistrada del Segundo Distrito Sur de Manhattan reservó el 23 y 24 de marzo para una audiencia probatoria, lo cual puede indicar que por esas fechas tomará una definición en cuanto a la demanda de Burford Capital.
El 24 de diciembre pasado, el fondo buitre informó a la jueza neoyorkina que pedirán sanciones y orden de desacato contra la República Argentina si el país insiste en la postura de no entregar mensajes y correos personales de funcionarios y exfuncionarios.
El bufete inglés solicita los mensajes en el marco de un procedimiento llamado “discovery” del alter ego, donde los demandantes buscan dejar en claro que el Estado argentino y la petrolera se movían como una misma entidad.
Según Latam Advisors, los acreedores solicitaron autorización para un cronograma de presentaciones informativas del 15 de enero al 5 de marzo de 2026.
Si logran demostrar que el Gobierno le daba órdenes directas a YPF como si fuera una oficina pública más, entonces podrán embargar bienes de la compañía para pagar una deuda que técnicamente es del Estado. Sin esto, solo podrían intentar embargar bienes públicos, que son mucho más difíciles de tocar, como embajadas o reservas.
Esta semana, la jueza Preska tomó una decisión que dio un respiro a YPF y suspendió temporalmente el proceso de investigación de activos sobre la petrolera, mientras una corte superior decide si Burford tiene derecho a investigar a YPF como si fuera el Estado. Esto no anula el juicio, pero detiene momentáneamente la posibilidad de embargos inmediatos contra la empresa.
Fuente: rosario3
