La Procuración del Tesoro hizo su descargo ante la jueza Loretta Preska respecto del reclamo elevado por los fondos litigantes Petersen/Eton y Bainbridge. En la respuesta, se argumenta que no existen antecedentes jurisprudenciales que avalen ejecutar activos de otro Estado en EE.UU. en esos términos. El fallo de la magistrada ordena entregar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal

El Estado argentino presentó su rechazo formal a los pedidos de los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge, en el el marco del juicio por la exprociación de YPF. Los fondos habían pedido a la jueza Loretta Preska que no suspenda la ejecución de la sentencia que ordena la entrega del 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal.

La presentación argentina de las últimas horas responde a los escritos elevados el último lunes (7 de julio) por los mencionados fondos litigantes. En particular, el documento de Petersen/Eton incorpora una transcripción traducida de una reciente conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, consigna Ámbito.

La Procuración del Tesoro presentó sus respuestas y, en el caso Petersen/Eton, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de “un caso sin precedentes, con un fallo de 16.100 millones de dólares aún apelado y con fundamentos jurídicos complejos”. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.

Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible.

Por último, la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, “no existe daño concreto” si se suspende la ejecución, dado que “la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo”. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados –como provincias y bonistas– y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.

En el caso Bainbridge, advirtieron “una violación del derecho argentino” ya que “transferir las acciones implicaría incumplir la Ley 26.741, que consagra el dominio público sobre los recursos hidrocarburíferos”.

En su presentación, Argentina advierte que no existen antecedentes jurisprudenciales que avalen ejecutar activos de otro Estado en EE.UU. en las condiciones que propone la orden de la jueza Preska.

El Gobierno también trabaja en la apelación formal de la orden de “turnover” y en un pedido de suspensión ante el Segundo Circuito, en caso de que la jueza Preska rechace la solicitud.

Fuente: rosario3