Un error administrativo del Gobierno de San Luis derivó en un conflicto judicial que mantiene en vilo a una familia de bajos recursos. 

Un error administrativo del Gobierno provincial de San Luis desató un drama judicial para una familia humilde en Villa Mercedes. Verónica Alejandra Acosta, quien esperaba una transferencia de apenas $8.000 por cuota alimentaria, se encontró inesperadamente con 510 millones de pesos, según su testimonio y el de su abogado, o 540 millones, según otras fuentes.

Este hecho, que no provocó Acosta, la ha llevado a ella y a cinco familiares a enfrentar un proceso judicial. La Justicia les exige una fianza de 30 millones de pesos a cada uno, sumando un total de 180 millones de pesos, en un plazo de tres días hábiles para no quedar detenidos. La defensa apeló esta medida, considerándola “exorbitante e imposible de cumplir”.

El origen del inusual depósito fue un error de un contador del Gobierno provincial, quien luego denunció la equivocación. Teniendo en cuenta lo sucedido, resulta fundamental saber cómo manejar una transferencia equivocada sin quedar pegado.

Según relató la mujer a medios locales, al ver la cifra en su cuenta, creyó inicialmente que se trataba de $500 mil, no de millones. Ante la necesidad que enfrentaba, decidió utilizar parte de los fondos y compartir con su familia.

Entre las compras que realizó hay alimentos, una heladera, electrodomésticos (freidora, TV, microondas) y materiales de construcción para terminar su casa y una mochila de inodoro.  Además compró un televisor para su cuñada y un auto de segunda mano. 

Además de las compras, transfirió dinero a varios de sus familiares. De acuerdo a la declaración de Acosta, desconocía el origen de la transferencia. Relató que al verificar el origen en la transferencia, solo decía “data”, sin especificar que fuera de un gobierno o ministerio.

Según su testimonio y el de su abogado, no fueron notificados de ningún error o pedido de devolución antes de que se congelara la cuenta y se realizara el allanamiento. La familia se enteró de la situación cuando una excuñada le envió una noticia, y mientras la leía, la policía llegó a su casa.

Tras el allanamiento, se produjo la detención de Acosta y los cinco familiares imputados, así como el secuestro de los bienes comprados, incluyendo celulares de sus hijos menores. Se les imputaron delitos como defraudación mediante el uso indebido de tarjetas de débito o crédito, fraude a la administración pública y retención indebida. Aunque fueron liberados al día siguiente, la jueza impuso la fianza millonaria como condición para mantener la libertad.

La defensa, sostiene firmemente que no existió ninguna maniobra fraudulenta. Califican a los acusados como “personas humildes, sin antecedentes, con domicilio” que “nunca actuaron de mala fe”. Insisten en que no se trata de una red de estafadores, sino de un “error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes”.

Según el abogado, Verónica Acosta “nunca fue notificada por una devolución, por un error, por nada” antes de las acciones judiciales. La familia se enteró de la situación “cuando les realizan el allanamiento con las detenciones y el secuestro de todos los elementos que habían comprado”.

Fuente: 0223