El camionero que la llevó por última vez fue sobreseído por falta de pruebas. La fiscalía apelará la decisión en busca de avanzar hacia un juicio oral
María Cash desapareció el 8 de julio de 2011, cuando tenía 29 años. Había partido desde Buenos Aires hacia Jujuy con la intención de encontrarse con un artesano que confeccionaría ropa para su proyecto de diseño. Sin embargo, nunca llegó a destino y su caso se transformó en uno de los más resonantes del país. A 14 años de aquel día, absolvieron al único acusado y no hay culpables en la causa.
Según la información reunida durante la investigación, María salió el 4 de julio de su hogar en Villa del Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, y emprendió viaje en colectivo hacia San Salvador de Jujuy, realizando paradas en Tucumán y Salta.
Durante el trayecto, perdió contacto con su familia, y su padre, Federico Cash, denunció su desaparición el 8 de julio tras varios intentos fallidos de ubicarla. Desde ese momento, él lideró una intensa búsqueda hasta su muerte en 2014, producto de un accidente automovilístico mientras seguía pistas sobre el paradero de su hija.
La última imagen de María fue captada por una cámara de seguridad en la terminal de ómnibus de Salta, el mismo día de la denuncia. En ese momento, pidió ayuda a una policía para realizar una llamada telefónica. Luego, surgieron diversos testimonios —ninguno confirmado— que decían haberla visto desorientada en zonas del norte del país, como Rosario de la Frontera y otros puntos de la ruta 34.
En los días posteriores a su desaparición, comenzaron a circular versiones de testigos que afirmaban haberla visto pidiendo auxilio. También surgieron teorías vinculadas a trata de personas, trastornos mentales o desorientación, aunque ninguna línea investigativa logró arrojar veracidad.
En octubre de 2011, se encontraron pertenencias de Cash—incluyendo su mochila y parte de su ropa— al costado de la ruta 34, cerca de Joaquín V. González, en Salta. Aunque ese hallazgo fue considerado relevante, los análisis forenses no pudieron aportar pruebas concluyentes ni se hallaron rastros genéticos que indicaran su presencia en ese lugar.
El caso pasó por distintos tribunales: primero por la justicia federal de Salta y el Juzgado Criminal y Correccional N.º 7 de Buenos Aires, hasta que en 2017 quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 2 de Salta. A lo largo de los años, se incorporaron nuevas herramientas tecnológicas para examinar los datos, pero sin avances significativos.
En 2022, ya con más de diez años transcurridos, el Ministerio de Seguridad de la Nación volvió a difundir el caso y ratificó una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten información certera. Sin embargo, hasta la actualidad no hubo datos que permitan localizar a María.
Durante años, el camionero Héctor Romero, quien fue la última persona en tener contacto con María, estuvo bajo sospecha. Fue acusado de haberla asesinado, debido a inconsistencias en sus declaraciones y otras pruebas circunstanciales. No obstante, a pesar de eso, nunca lo condenaron.
Romero, de 71 años, fue beneficiado con prisión domiciliaria en diciembre de 2024 por motivos de salud, mientras era investigado por el presunto delito de homicidio calificado por alevosía. Finalmente, el Juzgado Federal N.º 2 de Salta lo sobreseyó, al considerar que no existen elementos suficientes para vincularlo al caso.
La decisión de sobreseerlo fue tomada el lunes 12 de mayo, según informó la Justicia a través de un comunicado, tras analizar informes periciales y concluir que no hay pruebas suficientes para vincularlo con el caso.
Ante esta situación, el fiscal general salteño Eduardo Villalba adelantó que presentará un recurso de apelación y mencionó que “la resolución se basó en evidencia que, según él, fue malinterpretada y cuestionó que esta decisión impide avanzar hacia un juicio oral que permita aclarar lo sucedido”.
Fuente: rosario3