“La mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”, explicó la central obrera.
En medio de la pulseada judicial en la que tensionan el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera emitió un informe al respecto de funcionamiento del sistema de obras sociales, que se encuentra en la mira tras la fragmentación de IOSFA (correspondiente a las Fuerzas Armadas) y el PAMI.
Luego de enumerar que existen obras sociales dadas de baja (industria del fósforo), algunas “en crisis” (construcción y pesca) y otras intervenidas (trabajadores rurales y ladrilleros), detalló que el 67% de los beneficiarios de las obra sociales nacionales (más de 9 millones de trabajadores) se encuentra por debajo del promedio de aportes, establecido en $67.525. Más allá de eso, estiman que el valor del plan médico obligatorio ronda los $85.000 por afiliado, lo que explica que las obras sociales de los gremios “no recaudan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones”.
Este estado de situación repercute en que “se resiente la cadena de pagos a prestadores, que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados”.
Asimismo, se refirieron al “agujero financiero que nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema es un 290% inferior al costo del plan médico obligatorio”. A esa población se le suma la de jubilados, por la que la gestión sindical recibe del PAMI $48.629, cuando la recaudación orbita los $159.000. “Por esa diferencia no contrapresta ningún servicio”, remataron.
Fuente: ambito