En el marco de una nueva jornada de debate legislativo en la provincia de Salta, el diputado Germán Rallé se refirió al avance del proyecto de modificación de la ley electoral y a otras iniciativas tratadas durante la sesión, como los cambios en el Código Contravencional vinculados a los denominados “trapitos”.
Consultado sobre el desarrollo del debate, el legislador aseguró que existe una mirada positiva en torno al proyecto:
“La sensación es que vamos por el buen camino. Esta ley tiene un sentido ético de participación democrática que va a incentivar tanto al electorado como a quienes quieren involucrarse en la política”, afirmó. En ese sentido, destacó que la iniciativa permitiría ampliar oportunidades para quienes buscan integrar listas, evitando quedar afuera por decisiones cerradas dentro de los espacios políticos.
Rallé también cuestionó la postura de sectores opositores, a quienes acusó de no aportar propuestas concretas:
“La oposición no ha contribuido a mejorar esta ley. Todo ha sido crítica a la gestión provincial, sin entender el contexto económico que atraviesa Salta”, sostuvo. En su análisis, parte de las dificultades financieras de la provincia responden a decisiones del gobierno nacional en materia de distribución de recursos, lo que impacta en las arcas provinciales y municipales.
A pesar de este escenario, el diputado remarcó que la administración provincial mantiene su funcionamiento: pago de salarios, acuerdos paritarios y prestación de servicios. “No es un gobierno en crisis, sino uno que atraviesa un momento complejo pero que sigue dando respuestas”, subrayó, al tiempo que comparó el funcionamiento del sistema de salud provincial con el nacional.
En cuanto al futuro del proyecto electoral, Rallé anticipó que no se prevén modificaciones significativas:
“No va a salir como acordamos inicialmente en comisión, pero al no haber propuestas alternativas, vamos a respetar el dictamen mayoritario que trabajamos con responsabilidad”, explicó.
Por otro lado, durante la sesión también se abordó el proyecto vinculado al ordenamiento de la actividad de los denominados “trapitos”. Sobre este punto, el legislador aclaró que la intención no es limitar el trabajo informal, sino regularlo:
“Esta ley no busca prohibir, sino ordenar. Se le otorgan herramientas a los municipios para que haya control y para que el cobro por estacionamiento lo realicen permisionarios autorizados”, indicó.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de establecer límites frente a situaciones de violencia denunciadas por vecinos:
“Muchas denuncias al 911 están vinculadas a hechos de amedrentamiento. Esta normativa viene a marcar un límite: debe primar el respeto hacia quien decide si permite o no que le cuiden el vehículo”, concluyó.