Se conocieron los fundamentos del fiscal Eduardo Taiano para pedir el sobreseimiento del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei en la causa $LIBRA, que llevaron a que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerrada la investigación apenas 26 horas después de su presentación.
El pasado viernes, el titular del Juzgado Federal N°8 decidió hacer lugar al pedido del fiscal del caso y desestimó la investigación contra el mandatario, la secretaria general de la Presidencia y los otros nueve imputados por la presunta estafa con la criptomoneda.
En un fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Martínez de Giorgi confirmó el sobreseimiento por inexistencia de delito, dado que “los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal”.
Lo curioso, es que la medida se firmó apenas un día después de que Taiano solicitó el sobreseimiento. Según se supo, el fiscal firmó su dictamen el jueves 22 de octubre a las 11:32, mientras que la sentencia fue suscripta el viernes 23 a las 13:30 por el secretario y a las 14:29 por el juez.
La justificación de Taiano
En el escrito presentado ante el juzgado, el fiscal afirmó que, con las pruebas reunidas, no había “sustento fáctico alguno” para avanzar en la investigación por presunta estafa.
Taiano consideró que el proyecto de la criptomoneda “efectivamente existía”, que el token fue lanzado, la operatoria “se ejecutó públicamente a través de herramientas abiertas y trazables en blockchain” y que las empresas involucradas “tenían existencia concreta”, según publicó La Nación.
En ese sentido, apuntó que ninguno de los hechos cuestionados, como la caída abrupta del activo digital en apenas unas horas, constituye el delito de estafa.
El fiscal también desestimó las acusaciones contra Karina Milei por presunto tráfico de influencia por recibir dinero de los empresarios involucrados en la criptomoneda para reunirse con el presidente, ya que según las pruebas no se pudo probar “un intercambio indebido”.
Por otro lado, el representante del Ministerio Público Fiscal sumó en sus fundamentos para pedir el sobreseimiento un informe de la Oficina Anticorrupción que concluyó que “el presidente no incurrió en una infracción a la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.
Fuente: NA